Madridistaypunto escribió:ALVARO333 escribió:Para Madridistypunto:
Osea que los que cobrarían la famosa paguita son todos perrosflauta que no quieren trabajar. Te molestan esos 3000 millones para que la gente no se muera de hambre y tenga dinero para gastar. No sé si sabes que si la gente no tiene dinero para comprar no se recauda IVA por ejemplo. Ya que estás tan preocupado por el dinero supongo que estarás indignado con lo que se lleva la iglesia, la monarquía, el gasto militar, el rescate de los bancos (60000), el de las las autopistas, CEOE, paraísos fiscales... Porque no te veo quejarte de nada de eso. Supongo que si te quedas en paro y no encuentras nada rechazarías esos 450 euros para ser coherente ¿no?
La iglesia da de comer a mucha gente.
La monarquía española es la más "barata" de Europa.
Gasto militar dices... Supongo que lo de: si quieres la paz prepárate para la guerra, te suena a chino. O latín, más bien.
Y en caso de invasión/conflicto militar doy por hecho que todos los perrosflauta recibiréis a los invasores con flores y tal.
Más bien se rescataton cajas de ahorro en manos de políticos y sindicalistas.
Si te quedas en paro... Cobras el paro.
Pero claro, vosotros queréis cobrar paro sin trabajar.
¿Sabes que el paro se acaba? Deja de hablar de mí, no me conoces de nada.
Solo faltaba que no dieran de comer con todos los privilegios que tienen, igual si cerraran la mierda de canal ese que tienen podrían dar más. De todas formas yo quiero justicia social, no caridad. Que mucho decís pero tenéis la mentalidad de hace 70 años.
E
l Congreso exigirá al Tribunal de Cuentas la fiscalización del dinero que la Iglesia recibe a través del IRPF después de el tribunal haya rechazado hacerlo con los votos de los representantes del PP. Han sido 251 millones en el último ejercicio, y cuyo reparto se decide, de manera unilateral, por los responsables de la Conferencia Episcopal. Lo que se sabe del reparto del IRPF es muy poco.
En la última Memoria Justificativa de Actividades presentada por la Conferencia Episcopal (CEE), el órgano de gobierno de la Iglesia española, se relata a grandes rasgos a qué destina ese dinero público, aunque dejando muchas lagunas y sin ninguna precisión. Estos millones que recibe a través de la Declaración de la Renta son una mínima parte de todos los que recibe procedentes de fondos públicos.
Salarios de curas
¿A qué se dedica el dinero del IRPF? Siempre según dicha memoria, a trece apartados, aunque el 81% de los recursos (199,7 millones de euros) se envían directamente a las diócesis "para la realización de sus actividades pastorales". ¿Qué significa eso? Durante años, nada se ha explicado sobre esto, más allá de suponer que el grueso de esa cantidad iba a pagar el salario de los curas y obispos en nuestro país, ya que las diócesis con más parroquias y sacerdotes son las que más dinero reciben. Lo cual supondría que, en la práctica, el Estado financia el sueldo del clero católico y su jerarquía.
¿Y cuánto cobra un cura en España? El sueldo medio de uno de los 19.000 sacerdotes españoles está en torno a los 900 euros al mes, en catorce mensualidades, mientras que el de un obispo asciende a unos 1.250 euros al mes. A ello hay que sumar los gastos comunes de las casas parroquiales o sedes episcopales –asumidas por la comunidad o la diócesis correspondiente– y lo recaudado como donativos o por el cobro de los "servicios pastorales" (bodas, comuniones, funerales, bautizos, etc..), que no se registran y, por lo tanto, no están sujetos a investigación alguna.
Para la CEE, en el reparto se tienen en cuenta "la extensión de la diócesis, el número de habitantes, el número de parroquias, el número de sacerdotes, seminarios y pastoral vocacional". Lo que también deja claro la memoria es que, una vez hecho el reparto, cada diócesis "lo integra dentro de su reparto, atendiendo a las normas propias de organización económica", sin más explicación.
Madrid es la diócesis más beneficiada, con más de 14 millones de euros, seguida por Valencia (8,7), Toledo (5,4) o Santiago de Compostela (5,2), mientas que el Arzobispado Castrense, con 129.000 euros, es el que menos recibe, aunque hay que añadir que, en este caso, el sueldo de sus sacerdotes es asumido por Defensa (los capellanes castrenses son personal militar a sueldo del Estado). Ibiza, Jaca, Menorca reciben menos de un millón de euros.
Seguridad Social, Cáritas, Universidades
El 19% restante de los recursos del IRPF (casi 52 millones), siempre según la Conferencia, se emplea en una docena de actividades. La más significativa es el "importe de las cotizaciones pagadas a la Seguridad Social por el conjunto de sacerdotes diocesanos", que alcanzó los 16 millones de euros. Los sacerdotes españoles cotizan por el Salario Mínimo Interprofesional.
Aunque Cáritas y sus proyectos reciben otro tipo de financiación, tanto por la casilla de "otros fines" como por la financiación de sus actividades sociales y caritativas, una parte mínima del IRPF de la Iglesia católica, en concreto seis millones, también se dedica a "aportaciones extraordinarias" a las Cáritas diocesanas, en un gesto de la CEE durante la crisis que se ha mantenido.
También se incluiría en el IRPF una parte para la comunicación, en cuyo conglomerado está la televisión 13TV. Como dijo el responsable de las finanzas de la Conferencia: "Con ese dinero las diócesis atienden todas las obligaciones de la Iglesia(...) y algunas acciones pastorales estratégicas, desde una beatificación..., televisión o cualquier otro". No especificó más.
Bajo el epígrafe "Ayudas a distintos centros de formación", la Iglesia dota 5,99 millones de euros, que se reparten a distintas facultades eclesiásticas, la Universidad Pontificia de Salamanca (propiedad de la Conferencia) y distintos colegios en Roma y Jerusalén.
Las "Campañas de Financiación de la Iglesia" superaron los 4,6 millones de euros, entre la campaña de la Asignación Tributaria (3,6) y el Día de la Iglesia Diocesana (1,02). La "Rehabilitación y construcción de templos" se lleva 4,58 millones de euros de la "X" de la Iglesia, mientras que "el funcionamiento de la estructura de la Conferencia Episcopal" suma otros 2,6 millones de euros.
El dinero de la Renta también se dedica, aunque en menor medida, a financiar "actividades pastorales en el extranjero" (1,27 millones de euros), y la Conferencia de Religiosos (Confer) apenas recibe un millón de euros, siempre según esta memoria.
Los últimos epígrafes se dedican a un mínimo fondo para "Insularidad", que cobran las diócesis de Canarias, Tenerife, Mallorca, Menorca, Ibiza, Málaga (por Melilla) y Cádiz (por Ceuta), de medio millón de euros, y la "Aportación a instituciones de la Santa Sede, que no alcanza el medio millón de euros. Después del reparto, los obispos obtuvieron un superávit de 4,8 millones de euros, que se aplicaron al denominado "Fondo de Estabilización del Sistema".
Otras vías de financiación
Los 251 millones recaudados por la Iglesia vía IRPF no son, ni mucho menos, todo el dinero que la institución recibe anualmente de fondos públicos. Un informe de la organización Europa Laica hizo una estimación que elevó esa cantidad hasta los 11.000 millones de euros en distintos conceptos, que van desde los conciertos a los colegios católicos a la financiación de centros sanitarios, sociales o militares gestionados por la Iglesia.
Ese cálculo incluye las exenciones fiscales como en el caso del IBI valoradas en 3.000 millones al año, 4.600 millones para pagar a los 16.000 profesores de Religión y los conciertos con los centros religiosos, 3.200 millones para dispensarios y centros para transeúntes, como hospitales y centros de salud dirigidos por órdenes religiosas, y otros 500 millones para la conservación del patrimonio artístico propiedad de la Iglesia, entre otros.
El IRPF es el 23% de lo que recauda
El dinero del IRPF solo supone el 23,5% del presupuesto de las diócesis españolas, según se afirma en la memoria, que coloca a las "aportaciones directas y voluntarias de los fieles" como su principal fuente de financiación, en torno a un 37% (unos 350 millones de euros que, recordemos, no se declaran al considerarse donativos). Otro 21% (240 millones) se engloba bajo el término "Otros ingresos corrientes", que no se estipula, como tampoco el 11% (unos 110 millones de euros) que sale de "Ingresos por patrimonio y otras actividades", otro 6% llamado "Ingresos extraordinarios" (que suele tratarse de herencias) y un 2% de "Necesidades de financiación" (tampoco explicitadas).
Aunque fuera la más barata de Europa, cosa que se repite pero no he visto los datos sigue siendo un gasto superfluo, bueno ha servido para que se forre Juancar con las comisiones.
En el gasto militar: Todo esto para recuperar la isla de Perejil

porque nos han invadido 0 veces en ¿200 años?

Además ¿para que está la OTAN?
El Estado español ocupa en 2019 la decimoséptima posición al ranking del SIPRI, con un gasto militar de 17.200 millones de euros que dibuja un crecimiento de un 0,9% respecto del 2018. La cifra sería todavía superior según cálculos del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, que la sitúa en 20.050 millones de euros. En otras palabras, 55 millones de euros diarios. La variación en los datos se explica por varios motivos. Por un lado, se está añadiendo la diferencia entre las partidas inicialmente aprobadas y las liquidaciones finales, que acostumbran a aumentar considerablemente. Por otro lado, hay actividades militares que no figuran en los presupuestos de Defensa porque se desvían y reparten en otros ministerios. Hay partidas para producir nuevos armamentos computados como I+D dentro del Ministerio de Industria, el cual dedica aproximadamente el 10% del total de la I+D a la producción de armamento, también se computan misiones militares al exterior desde el Fondo de Contingencia destinado a gastos imprevistos de cualquier organismo de la Administración, las mutuas y seguridad social de los militares, los gastos a la OTAN, los programas militares de la mano de la ONU, el CNI, o la misma Guardia Civil, que sigue siendo un cuerpo militar, tampoco se financian desde el ministerio de Defensa. Con todas estas actividades militares fragmentadas y diluidas en partidas de otras competencias, la cifra publicada por el Ministerio de Defensa acaba representando solo una parte reducida de la inversión real, que muchas veces llega a duplicarse.
En el análisis del gasto militar español, una partida destacable por el grosor económico que supone y por el déficit público que genera, es la de los programas especiales de armamento (PEA). Los PEA son una serie de programas de adquisición de armas que se aprobaron por primera vez en 1997 bajo el ejecutivo del PP. Para justificar su implementación, se apeló al impulso de la economía productiva del país, a la cooperación militar con otros países europeos para la fabricación conjunta de algunas de las armas y a la necesidad de ajustar las fuerzas armadas españolas al nivel de los miembros de la OTAN. El Estado acordó financiar con una copiosa suma a las empresas armamentistas a través de créditos extraordinarios en concepto de I+D desde el Ministerio de Industria. Para hacernos una idea, en 1999 el 54% de los recursos en I+D fueron a la rama militar y no civil. Así, la financiación para el desarrollo de estas nuevas armas se llevaría a cabo por parte del Estado, el cual se convertiría a la vez en su comprador. En otras palabras, el Estado alimentaría la industria militar por partida doble: a través de la financiación en créditos y de la compra. Para poder pagar los PEA, cada año se aprobaba un crédito extraordinario que no pasaba por los Presupuestos Generales del Estado y que, por lo tanto, eludía el consentimiento del Parlamento español con una opacidad implacable, unos créditos que fueron negociados con un interés del 0% y a devolver en el plazo de veinte años. En la transacción de la compra, se tendría que descontar el equivalente al crédito y reintegrarlo al Tesoro Público para saldar así la deuda establecida con I+D, pero no fue así en todos los casos. Como resultado, la deuda pública se fue acumulando y actualmente ronda los 15.000 millones de euros.
Esta falta de transparencia en los procedimientos hizo que en 2016 y después de analizar seis PEA, el Tribunal Constitucional dictaminara una sentencia en la cual declaraba irregulares los créditos extraordinarios de estos programas de armamento e instaba que se añadieran en los Presupuestos Generales. En este sentido, los costes de compra iniciales han ido creciendo a medida que se han aprobado nuevos PEA y hoy en día se sitúan por encima de los 42.000 millones de euros. Actualmente el Ministerio de Defensa es incapaz tanto de hacer frente a los pagos de los PEA como de devolver de los créditos en I+D. Todo esto no ha impedido que el ejecutivo socialista aprobara siete nuevos programas durante el segundo semestre de 2018 con el pretexto de mejorar los modelos defectuosos u obsoletos. Según este nuevo paquete, se destinarán 13.000 millones de euros en los próximos diez años para modernizar el avión de combate Eurofighter, un submarino S-80, cinco fragatas F110, 348 vehículos de combate sobre ruedas (VCR) y 23 helicópteros NH-90. Con todo, la deuda va aumentando año tras año sin que se sepa como salir de este agujero negro o burbuja armamentista que ha conducido al ministerio de Defensa al colapso financiero y a un grave endeudamiento con las cuentas públicas. Ya el 2011, el entonces secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez, afirmó que “no tendríamos que haber adquirido sistemas que no utilizaremos, por escenarios de confrontación que no existen y con dinero que no teníamos ni entonces ni ahora”.
La campaña dedicada a los Días de Acción Global sobre el Gasto Militar (GDAMS, por sus siglas en inglés) del International Peace Bureau (IPB) en Barcelona, coordinada por el Centre Delàs, hizo pública la semana pasada la incómoda comparativa entre el gasto que suponen estas armas y los costes de personal y equipación sanitarios a que equivaldrían. Se calcula, por ejemplo, que con el nuevo PEA para la modernización de la Eurofigther se podrían mantener 25 hospitales durante un año. Así mismo, con el presupuesto para el Helicóptero NH-90 se podrían instalar 990.712 camas en las UCI. Teniendo en cuenta los recortes de entre 15.000 y 21.000 millones de euros aplicados a la Sanidad Pública entre 2009 y 2018, el cuestionamiento de la existencia y utilidad de los PEA toma todavía más fuerza. En este sentido, el Centre Delàs y la Campaña de la IPB en el marco del GDAMS han reclamado la cancelación de estos nuevos PEA aprobados en 2018 y de aquellos programas del pasado todavía pendientes de desarrollarse. Se pide que este dinero sean reorientado hacia el sector sanitario y otros sectores civiles que se requieren para hacer frente a la crisis.
Desde diferentes colectivos que promueven la objeción fiscal al gasto militar (OFDM) se reivindica, un año más, que no se normalice el consentimiento a las partidas destinadas al militarismo a través de los impuestos en el ejercicio de la declaración de la renta. Este año se observa como las diferentes campañas antimilitaristas de OFDM están poniendo especial énfasis en la inutilidad que ha supuesto la inversión en militarismo ante la crisis sanitaria del COVID-19. Se defiende que si se hubiera destinado parte de este presupuesto militar a la sanidad y a la I+D civil, probablemente se habrían podido salvar más vidas.
La gestión del coronavirus se ha relatado con la épica de la guerra y ha desplegado militares y banderas por las calles pero, desde su posición, en ningún caso ha proporcionado una respuesta ajustada a las necesidades sociales reales: han faltado camas, mascarillas, respiradores y otras equipaciones, personal sanitario y horarios dignos, políticas sociales de protección y de curas. A modo de ejemplo, bajo el lema “Ahora, más que nunca, ni un céntimo al armamento”, la Coordinadora de ONGD y aMS de Lleida denuncia en su campaña de OFDM como la inversión en armas se ha demostrado estéril a la hora de hacer frente a la crisis sanitaria y de parar la inseguridad humana que se ha derivado. En este sentido, cree necesaria la eliminación del gasto militar para que los recursos se destinen a políticas que pongan a las personas en el centro. En otras palabras, cambiar la Seguridad Armada por la Seguridad Humana. Deja entrever también la hipocresía de Estado, el cual dice haber destinado la movilización más grande de recursos públicos de la historia a la crisis del COVID-19 (117.000 millones de euros), obviando que el rescate bancario de la crisis económica supuso 220.114 millones de euros a las arcas del Estado.
Por otro lado, Xema Moya, portavoz del Servicio de Información de Objeción Fiscal al Gasto Militar (SIOF), explica que se ha lanzado la campaña “Por 1 €, o 5 € o 10 €, haz objeción fiscal y denuncia el gasto militar”, como propuesta abierta a toda la población para que muestre su disconformidad con el gasto militar actual del estado Español, y reclama el cambio a un modelo de distribución de impuestos que revierta realmente en la sociedad y no en el militarismo. Con todo, si bien la suma que la OFAM permite desviar hacia proyectos sociales no es muy elevada, su práctica se está consolidando como herramienta de resistencia fiscal no-violenta, está activa desde 1984 y permite pasar cuentas con el Estado anualmente diciendo “no” al gasto militar.
En fin, resumiendo, de las 4 frases chorras que te has aprendido no sales como siempre. Lo que imaginaba.