Pedro Sánchez adjudica a dedo a una empresa ‘oscura’ el recuento electoral del 10-N y aviva la sospecha de pucherazo
Mientras Pedro Sánchez y su Gobierno juegan al despiste con la polémica exhumación de Franco, el Ministerio del Interior ha adjudicado a Indra el recuento de las elecciones del 10 de noviembre por el procedimiento de emergencia, sin mediar concurso público. La empresa se encargará de la gestión y la difusión del escrutinio provisional de los votos por casi seis millones de euros, el mismo precio de adjudicación de las últimas generales, las del 28 de abril. Interior ha decidido tramitar por esta vía de emergencia todos los contratos de la próxima cita electoral, incluidas las campañas institucionales, alquiler de Ifema o los sobres.
Es la segunda vez que el Gobierno recurre a esta forma de contratación para las elecciones generales, una figura muy excepcional pensada para catástrofes naturales. La primera fue en los comicios del 28 de abril, cuando alegó que el escaso margen de tiempo con el que se convocaron le impedía contratar los servicios y suministros por concurso público. El Ministerio del Interior se vio obligado a pedir un informe urgente a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. En aquella ocasión, solo se tramitaron mediante emergencia dos contratos de poca cuantía. Ahora se va a usar este procedimiento excepcional para todos.
Interior asegura que ha otorgado los contratos a las mismas empresas que resultaron adjudicatarias en las elecciones generales del 28 de abril. En aquella ocasión Indra ganó el recuento de las generales al ofrecer 7,4 millones de euros frente a los 10 millones del precio inicial de licitación, y Scytl (en una UTE con Vector) consiguió el de las municipales y europeas. Scytl, una empresa catalana que en 2015 empezó a competir con Indra por el recuento electoral, cometió varios errores en el traslado de la información de las mesas electorales al centro donde se recopilan los datos.
La contratación de Indra y el resto de licitaciones por procedimiento de emergencia que ha llevado a cabo el Ministerio del Interior están amparadas por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg). Según Interior, la disposición adicional séptima de la ley señala que se declaran de urgencia los contratos vinculados con la celebración de elecciones cuando estas hayan sido convocadas en aplicación del apartado 5 del artículo 99 de la Constitución. Este ha sido el caso, ya que la convocatoria de elecciones se produce al no haberse podido constituir gobierno en el plazo de dos meses tras la primera votación de investidura.
Sorprende la adjudicación para el 10 de noviembre porque llega sólo unas semanas después de que la compañía presidida por Fernando Abril-Martorell fuera imputada como persona jurídica por el ‘Caso Púnica’, en el que se juzga la supuesta caja ‘B’ del PP de Madrid. No hay una sentencia firme, por lo que no existía prohibición de contratar con la administración pública.
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